“MUCHAS PERSONAS ESTÁN EN PRISIÓN PREVENTIVA SIN HABER SIDO DECLARADAS CULPABLES” IRVIN ABAD JUAN MENDOZA

 

Nota escrita por: Gabriel Alejandro Aguilar González

La ampliación de la prisión preventiva oficiosa es un tema controversial que plantea serios desafíos en el sistema judicial mexicano pues, aunque esta medida busca reforzar la seguridad pública, también vulnera derechos fundamentales y sobrecarga el sistema penitenciario destaco el estudiante Irvin abad

En una entrevista reciente, Irvin Abad Juan Mendoza, estudiante de Derecho en la Universidad Paccioli de Xalapa, compartió su opinión sobre la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y sus implicaciones en el sistema de justicia penal y los derechos humanos en México. A continuación, se abordan los puntos más relevantes de la conversación.

Vulneración de la presunción de inocencia y la libertad

Irvin Abad señaló que la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa afecta directamente a la presunción de inocencia, principio constitucional que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. También mencionó que la libertad, consagrada en el artículo 1 de la Constitución, puede verse comprometida por esta medida.

Eficacia de la prisión preventiva oficiosa: ¿Seguridad o violación de derechos?

El estudiante también reflexionó sobre si esta medida realmente mejora la seguridad pública o genera más problemas en términos de derechos humanos. Irvin considera que su impacto es doble, pues, aunque busca prevenir delitos, afecta también a personas que podrían ser inocentes, contribuyendo a la violación de derechos humanos.

Consecuencias en el sistema de justicia penal

 En cuanto a los efectos de esta medida en el sistema de justicia, Irvin mencionó que la prisión preventiva contribuye a la sobrepoblación en las cárceles mexicanas y afecta el debido proceso. También criticó el papel de la fiscalía y la corrupción en el sistema judicial.

El equilibrio entre seguridad pública y derechos individuales

Ante la pregunta sobre cómo equilibrar la seguridad pública y la protección de los derechos individuales, Irvin subrayó la importancia de un debido proceso sólido, donde tanto el Ministerio Público como el juez deben recabar todas las pruebas necesarias antes de tomar una decisión.

Propuestas para mejorar la prisión preventiva

Finalmente, Irvin sugirió que, aunque no tiene una respuesta definitiva como un juez lo haría, es fundamental que las investigaciones sean más rápidas y eficientes, sin comprometer la calidad del proceso.

en conclusión Se requiere un enfoque más equilibrado que respete tanto la seguridad como los derechos individuales.